Desde que la inventaron los antiguos griegos hace una punta de años, la palabra “democracia” viene queriendo decir una cantidad de cosas muy distintas. A lo largo del último siglo y medio, las corrientes mayores del pensamiento político y las formas efectivas de organización de la mayor parte de las sociedades a las que llamamos “democráticas” la han identificado con un sistema de gobierno en el que los ciudadanos y las ciudadanas eligen a través del voto a sus representantes, que en virtud de ello “deliberan y gobiernan” en su nombre y les garantizan, a cambio, un conjunto fundamental de libertades y derechos.
Sin embargo, esa forma de pensar la democracia como democracia representativa resulta por muchas razones insatisfactoria, y cada vez más vamos pensando que, junto a ese principio fundamental de la “representación” de los ciudadanos y las ciudadanas por sus representantes, es necesario también que los sistemas de gobierno democrático garanticen la posibilidad de la participación popular, deliberativa y activa, en los asuntos públicos. En otras palabras: que entre esas libertades y derechos que un gobierno democrático debe preservar y promover debe tener un lugar la libertad de todo el mundo para (y el derecho de todo el mundo a) participar en la discusión sobre los problemas de su comunidad y en el proceso de toma de decisiones sobre los modos de resolverlos.
Llamamos democracia participativa a la que, sin suspender la vigencia del principio según el cual los que gobiernan lo hacen por la elección de los gobernados y en su representación, sí promueve que los gobernados encuentren todas las vías posibles para involucrarse de manera protagónica en la vida común. La UNGS es, como todas las universidades nacionales del país, una institución gobernada por representantes de los distintos claustros que integran su comunidad elegidos por el voto de sus miembros. Pero eso no impide que esa comunidad universitaria pueda ser estimulada, invitada, convocada, de muchas formas diferentes, a no desentenderse de la marcha de los asuntos que le conciernen, sino, al contrario, a involucrarse activamente en ellos y a decidir sobre muchas cosas. Uno de los mecanismos que la Universidad ha encontrado para ello es la implementación, desde el año 2013, de una herramienta de gestión de los recursos públicos que administra que es el Presupuesto Participativo, que permite que el destino de una parte de esos fondos que recibe del tesoro nacional sea discutido y decidido, no por los representantes de los distintos claustros, sino, de manera directa, por sus integrantes.
Cuando la UNGS comenzó a implementar este mecanismo (que sus equipos de investigación habían estudiado muy bien y contribuido a poner en funcionamiento en diversos municipios del país), eran muy pocas sus pares en el sistema universitario nacional que contaban con él. Hoy, el ejemplo parece haber cundido, y es una gran cosa que ese número sea mucho mayor.
El Presupuesto Participativo es una forma de mejorar y horizontalizar los procesos de discusión y toma de decisiones en la UNGS y de contribuir al desarrollo de formas más activas de ejercicio de la ciudadanía de los integrantes de su comunidad, y sostenerlo y alimentarlo año a año con nuevas ideas y propuestas es parte del compromiso por seguir avanzando en el sentido de un tipo de gestión cada vez más democrática.
Agradecemos a Eduardo Rinesi por su reflexión.